Límite de Pista
Inteligencia artificial en gobiernos: ¿automatización eficiente o nuevo foco de riesgo?
La adopción de sistemas de inteligencia artificial en el sector público avanza en América Latina y Europa. Desde algoritmos que priorizan causas judiciales hasta herramientas de vigilancia predictiva y chatbots estatales, la tecnología promete eficiencia. Pero también abre interrogantes sobre sesgos, transparencia y control democrático frente a marcos regulatorios emergentes como el de la Unión Europea.
IA en la administración pública: eficiencia y reducción de costos
Gobiernos de la región incorporan IA para automatizar trámites, detectar fraudes fiscales y mejorar la asignación de recursos. En Brasil y Colombia, por ejemplo, los poderes judiciales han implementado sistemas de análisis documental capaces de clasificar miles de expedientes en segundos, reduciendo tiempos procesales.
En el ámbito tributario, organismos recaudadores utilizan modelos predictivos para identificar inconsistencias en declaraciones y optimizar auditorías. Estas aplicaciones se apoyan en aprendizaje automático para procesar grandes volúmenes de datos administrativos.
Según la OECD, más del 50% de los países miembros ya experimenta con herramientas algorítmicas en servicios públicos, aunque con distintos niveles de supervisión y evaluación de impacto.
Justicia y seguridad: decisiones automatizadas bajo la lupa
El uso de IA en justicia y seguridad es uno de los puntos más sensibles. En Estados Unidos, sistemas de evaluación de riesgo como COMPAS fueron cuestionados por sesgos raciales en sentencias judiciales. En América Latina, aunque la escala es menor, ya existen herramientas que priorizan casos o sugieren medidas cautelares.
En seguridad pública, algunos municipios han adoptado modelos predictivos para identificar zonas con mayor probabilidad de delitos, basados en análisis estadístico de datos históricos. La promesa es asignar patrullaje de forma más eficiente; el riesgo, replicar patrones discriminatorios existentes en los datos.
Especialistas en derechos digitales advierten que la opacidad algorítmica —cuando el código no es auditable— puede afectar garantías procesales y el debido proceso.
Servicios públicos inteligentes: del chatbot al expediente automatizado
La automatización también avanza en atención ciudadana. Chatbots estatales gestionan consultas sobre turnos médicos, subsidios y trámites administrativos. Durante la pandemia, varios gobiernos implementaron sistemas automatizados para gestionar permisos de circulación y seguimiento epidemiológico.
El desafío es equilibrar eficiencia con protección de datos personales. La gobernanza de estos sistemas requiere marcos claros de responsabilidad, trazabilidad y auditoría.
El modelo regulatorio europeo como referencia
En 2024, la European Union aprobó el AI Act, el primer marco integral que clasifica sistemas de IA según nivel de riesgo. Las aplicaciones consideradas “de alto riesgo”, como las utilizadas en justicia, empleo o servicios esenciales, deben cumplir requisitos estrictos de transparencia, supervisión humana y evaluación de impacto.
Este enfoque basado en riesgos se convirtió en referencia global. Países latinoamericanos analizan esquemas similares, aunque con desafíos institucionales y capacidades técnicas más limitadas.
Conclusión
La inteligencia artificial ya forma parte del funcionamiento cotidiano de muchos gobiernos. Su potencial para reducir costos, acelerar procesos y mejorar servicios es tangible. Pero cuando interviene en decisiones judiciales, policiales o administrativas, el margen de error tiene consecuencias reales sobre derechos fundamentales.
El debate no es si los Estados deben usar IA, sino cómo regularla, auditarla y someterla a controles democráticos. La experiencia europea ofrece un punto de partida, pero cada país deberá adaptar estándares a su realidad institucional para evitar que la automatización se convierta en un nuevo riesgo sistémico.
