Límite de Pista
La nueva Ley de Economía del Conocimiento: ¿motor exportador o privilegio sectorial?
El régimen que reemplazó a la Ley de Software amplió beneficios fiscales y sumó actividades estratégicas. A cinco años de su implementación, el sector muestra dinamismo exportador y generación de empleo calificado, pero persiste el debate sobre su costo fiscal y concentración empresarial.
La economía del conocimiento se consolidó como uno de los complejos más dinámicos del perfil exportador argentino. Con la sanción de la Ley 27.506 en 2019 —modificada en 2020— el país reemplazó la histórica Ley de Software por un régimen más amplio que incluye biotecnología, servicios profesionales, industria audiovisual, nanotecnología y actividades espaciales, entre otras.
El objetivo fue claro: diversificar la matriz productiva y potenciar exportaciones de alto valor agregado en un contexto de restricción externa crónica.
Impacto real: empleo y exportaciones
Según datos oficiales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, el sector supera los 450.000 empleos directos y se ubica entre los principales generadores de divisas por exportación de servicios. Las ventas externas de servicios basados en el conocimiento compiten con complejos tradicionales como el automotriz.
El régimen ofrece estabilidad fiscal, reducción del Impuesto a las Ganancias y bonos de crédito fiscal aplicables a contribuciones patronales. Más de 1.500 empresas se inscribieron en el sistema, con predominio de software y servicios informáticos.
Sin embargo, analistas advierten que buena parte de las firmas beneficiadas ya exportaban antes del nuevo esquema. La pregunta es cuánto crecimiento adicional puede atribuirse estrictamente al incentivo fiscal y cuánto responde a la tendencia global de digitalización.
Concentración y perfil empresarial
El universo de beneficiarios incluye desde startups hasta grandes compañías tecnológicas. Pero el peso relativo de empresas medianas y grandes es significativo, lo que alimenta críticas sobre posible sesgo sectorial.
Comparado con polos regionales como Montevideo y São Paulo, Argentina presenta ventajas en talento técnico y costos laborales competitivos en dólares. Uruguay, por ejemplo, complementa incentivos fiscales con estabilidad macroeconómica y reglas previsibles, mientras que Brasil combina escala de mercado interno con políticas de innovación estadual.
La competencia regional no se basa solo en beneficios tributarios, sino en infraestructura, acceso a financiamiento y previsibilidad normativa.
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Debate fiscal: costo vs retorno
Uno de los puntos más discutidos es el costo tributario del régimen. Los beneficios implican una menor recaudación directa, aunque el argumento oficial sostiene que el retorno en divisas, empleo formal y encadenamientos productivos compensa ese esfuerzo fiscal.
Especialistas en finanzas públicas señalan que medir el impacto requiere analizar efectos indirectos: salarios altos que dinamizan consumo, exportaciones que fortalecen reservas y derrame sobre otros sectores.
El dilema es estructural: en un país con presión fiscal elevada y cuentas públicas tensionadas, ¿hasta qué punto los incentivos sectoriales son sostenibles? Para defensores del régimen, la economía del conocimiento es estratégica y genera empleo calificado difícil de sustituir. Para críticos, el desafío es evitar que se convierta en un enclave favorecido sin integración plena al tejido productivo.
A cinco años de su puesta en marcha, la Ley de Economía del Conocimiento muestra resultados en empleo y exportaciones, pero también expone límites estructurales. El verdadero test no será solo cuánto exporta el sector, sino si logra expandirse federalmente, diversificar su base empresarial y consolidarse como política de Estado más allá de los ciclos económicos.
